La Constitución española en su artículo 47 determina que: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación» Pero la realidad es bien distinta y es que en España existe una limitada dotación de viviendas de promoción pública (tanto en régimen de compra como en régimen de alquiler), lo que dificulta el acceso a vivienda asequible y de calidad a las personas en riesgo o situación de sinhogarismo y el desarrollo de una vida autónoma fuera del sistema. La vivienda es la puerta de acceso efectivo a otros derechos fundamentales como la salud, la autodeterminación seguridad, etc.

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En 2020 se aprobó el Salario Mínimo Vital como primera gran tentativa de enmienda a esta problemática. Este proyecto legislativo estaba ya en curso de tramitación desde hace buen tiempo atrás, pero con la pandemia se aceleró el proceso para evitar dejar caer en el umbral de pobreza a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Esta medida  fue un enorme paliativo para este sector, pero debido a su rápida aplicación vemos algunas trabas que, al margen del contexto aplicativo de la pandemia, siguen siendo un obstáculo para las personas que realmente requieren de esta ayuda.  Y  es que una de las condiciones para tener acceso al mismo es haber residido en España, con empadronamiento reglado, en todo el curso del año anterior al que se solicita esta retribución, ¿qué ocurre? Que para su año de aprobación la inmensa mayoría de las personas ya llevaba viviendo más de un año en las calles, por lo tanto es un recurso con efecto tardío. A esta razón se le suma la dificultad en la tramitación y el desconocimiento de la propia existencia de esta retribución por la escasa inversión que se destina a las causas sociales. El resultado de todo esto es que a día de hoy tan solo un 5% de las personas sin hogar tiene acceso al Ingreso Mínimo Vital, hablamos entonces de que más de 27.000 personas registradas viven en la absoluta pobreza ¿quien está percibiendo entonces este dinero?...es la pregunta que nos hacemos.